La Deputación de A Coruña insta a la Xunta y Estado a que aumenten la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para que los ayuntamientos no tengan que asumir la financiación y puedan desarrollar correctamente este servicio ante lo incremento de costes que supone. 

La moción presentada por PSOE y BNG fue aprobada por unanimidad tras ser emendada por el PP, que pidió que en el texto incluira también la demanda al Estado de que cumpla con sus aportaciones económicas a la Ley de Dependencia.

La portavoz del PSOE en este punto, Mónica Rodríguez, explicó que una hora de SAF supone actualmente uno cueste de entre 22 y 24 euros, de los que la Xunta, contando con las aportaciones económicas que le hace el Estado para este servicio, aportación 12 euros. Por contra, los municipios acercan el resto, entre 10 y 12 euros por hora con fondos propios. “Esto, sumado la que el SAF es un servicio cada vez más demandado a causa del envejecimiento de la población, provoca que los municipios tengan que asumir importantes cargar económicas, que se incrementan año a año y hipotecan y lastran su futuro económico”, afirmó señalando que “la situación es tan grabe que en muchos ayuntamientos el SAF supone uno de cada tres euros de los que disponen los ayuntamientos para gasto corriente. En el caso de Vimianzo, destinamos la SAF un millón de euros de los seis que tenemos de presupuesto anual”, afirmó.

El texto probado señala que "el Estado, con el Gobierno de Pedro Sánchez, aumentó en el 2023 las aportaciones en 12,9 millones de euros, pasando de los 51,3 millones de euros al año en 2022 a los 66,2 en 2023; mientras que la Xunta  redujo los fondos propios que destina al SAF en 3 millones de euros, pasando de 50,3 millones en 2022 a 47,4 en 2023".

Además, añaden que "la Xunta se limita a anunciar autorizaciones en el número de horas que puede prestar cada ayuntamiento para posibilitar la entrada de nuevas personas nos programas del sistema, pero sin acompañar de financiación el aumento de horas autorizadas, por lo que cuantas más personas, mayor es lo cueste para cada ayuntamiento". De hecho, "son los ayuntamientos los que licitan y adjudican este servicio que se encarece año tras año, especialmente en los ayuntamientos más rurales y más viejos, llegando la entre 23 y 24 euros por hora si servicio, de los que más de la mitad se financian con fondos municipales pese a ser una competencia autonómica".

El acuerdo aprobado insta al Estado a cumplirla con sus aportaciones a la Ley de Dependencia, a asumir el coste derivado de la reducción del copago de los usuarios provocado por la entrada en vigor de la Ley 10/2023 que a día de hoy están asumiendo los ayuntamientos, a incrementar la financiación autonómica y estatal del SAF, a dotar de medios y recursos humanos a los equipos de valoración de la dependencia y que la Xunta ejerza su función de mediadora en las negociaciones entre las empresas del sector y sus trabajadores y trabajadoras para intentar que se alcance un acuerdo del convenio colectivo del sector.